Politica criminal: una critica a las relaciones de poder.

La criminología, aunque a simple vista no lo parezca, está enormemente entrelazada con las ramificaciones existentes del poder político y es más que pertinente en cómo este se ejerce sobre los ciudadanos.

Pero para poder comprender como la criminología se inmiscuye en las dinámicas de poder que rigen la sociedad contemporánea, es necesario explorar la historia, no de la criminología, sino de la política criminal; su principal estrategia para llevar a cabo sus objetivos de seguridad y control social.

Es en este ultimo aspecto donde yace la importancia política de la criminología. Pero esto se revisará posteriormente. Primeramente, es necesario, saber qué es la política criminal.

Históricamente, desde que la primera ley fue instaurada por el gobernante de turno, la política criminal y por ende la criminología existen. Aunque de manera arcaica y reduccionista, la función de la una era determinar la actitud o situación a penar, y la otra (la política criminal en cuestión) se encargaba de establecer la pena o castigo al determinado crimen (Neder, G. & Cerqueira, G., 2007).

En la actualidad, aunque a través de más complejos procesos, a causa de la existencia de más información disponible en el área de la conducta desviada de los criminales, si bien la manera en la que la política criminal funciona es distinta, en principio es de practicidad similar. Con la diferencia de que en los tiempos que corren, la política criminal se ha inclinado más en su capacidad de control social (Zúñiga, 2018).

Ahora bien, para conceptualizar adecuadamente, se entiende que la política criminal es la herramienta constituida en base a estrategias discursivas, así como métodos aplicativos empleados por la criminología y el derecho penal (el cual cabe destacar es un área muy compleja de balancear en pro homine), para controlar el comportamiento de las personas y así reducir la criminalidad.

Si bien, en teoría este es el propósito, y comúnmente este es el uso que se le da, la existencia palpable de usos corruptos de la misma para utilizar las leyes y las penas para castigar comportamientos que simplemente son desagradables a los ojos de la oligarquía no es una extrañeza. Mucho menos en Latinoamérica.

Para muestra de la anterior declaración es justo presentar casos como el de Brasil, país en el cual la religiosidad se encuentra tan inmiscuida en la política y en la creación de las leyes que, a través de la política criminal se encargan de criminalizar comportamientos sin mayor base que la fe (Neder, G. & Cerqueira, G., 2007).

Otro ejemplo visible es el uso tan constante que se le suele dar a la política criminal para facilitarle a algunos el evadir sus responsabilidades económicas para con el Estado, entiéndase por esto el pago de impuestos (Malaguti, 2009).

En síntesis, la relación existente entre la criminología y el poder político es inevitable, sin embargo, es requisito que los distintos sistemas estatales se hagan cargo de modelar sistemas legales que dificulten con mayor avidez la posibilidad de que alguien emplee la política criminal para facilitar los crímenes de cuello blanco o aún peor, para forzar a la sociedad a actuar en pro de su propia agenda de intereses personales.

Referencias

Binder, A. (2010). La política criminal en el marco de las políticas públicas. Revista de Estudios de la Justicia, 12, 213-229.

Malaguti, V. (2009). Criminología e política criminal. Revista Internacional de Historia Política e cultura jurídica, Rio de Janeiro, 1(2), 20-39.

Neder, G. & Cerqueira, G. (2007). Cultura jurídica, cultura religiosa no Brasil e criminología & poder político. Diálogos – Revista do Departamento de História e do Programa Pós-Graduação em  História, 11(3), 19-37.

Zúñiga, L. (2018). Dogmática funcionalista y política criminal: una propuesta fundada en los derechos humanos. Revista de la facultad de derecho, 81, 47-92.